La escasez de suministro no se debe a la falta de gas —en realidad, sobran reservas en Vaca Muerta—, sino a la decisión del gobierno de Javier Milei de frenar la obra pública, paralizando proyectos clave para transportar ese gas desde la Patagonia hacia el centro y norte del país. Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, Milei aplicó una política de ajuste draconiano que incluyó la suspensión casi total de la inversión estatal en infraestructura. Entre las obras afectadas están la construcción de las plantas compresoras del Gasoducto Néstor Kirchner (GPNK), esenciales para duplicar su capacidad, y la continuación de la traza hasta Santa Fe. También está demorada la llamada “reversión del Gasoducto Norte”, otra obra estratégica para abastecer a la región del NOA con gas de producción nacional. Estas obras no eran promesas en el aire: ya estaban en ejecución y con un nivel de avance del 80% al finalizar la gestión anterior. Con una inversión estimada de 50 millones de dólares, las plantas compresoras habrían evitado la necesidad de importar gas licuado (GNL) a precios tres veces más caros y pagados en dólares. Hoy, por no terminarlas, el Estado deberá gastar más de 500 millones de dólares en importaciones de emergencia, justo en un momento donde escasean las divisas. El caso más emblemático es el del Gasoducto Néstor Kirchner, cuya primera etapa fue construida por el Estado con fondos propios y parte de lo recaudado por el impuesto a las grandes fortunas en 2021. La segunda etapa, proyectada para llegar a San Jerónimo, Santa Fe, y las plantas compresoras que permitirían aprovechar su potencial, quedaron congeladas por decisión política del nuevo gobierno. Mientras tanto, el proyecto de reversión del Gasoducto Norte, que permitiría abastecer el norte argentino con gas de Vaca Muerta ante la caída de los envíos desde Bolivia, apenas muestra avances a pesar de haber sido anunciado como prioritario. La falta de infraestructura ya se siente en provincias como Salta, Tucumán y Santiago del Estero, donde se aplicaron cortes a grandes consumidores. El gobierno nacional insiste en que la obra pública debe ser 100% financiada por el sector privado, algo que no sucede ni siquiera en Chile, el modelo que Milei menciona con frecuencia: en el país trasandino solo el 15% de la inversión en infraestructura proviene de capitales privados. Con producción récord de gas y reservas para más de 30 años de autoabastecimiento, Argentina no debería tener problemas de suministro. Sin embargo, la motosierra aplicada sin planificación dejó al país al borde del colapso energético justo cuando más se necesita la energía. La decisión de frenar obras estratégicas tiene consecuencias concretas, y hoy las están pagando millones de argentinos.