El Gobierno de La Rioja dispuso la expulsión de dos integrantes de la Policía de la Provincia que realizaban préstamos de dinero de manera habitual, sostenida y clandestina. La decisión se fundamentó en una investigación administrativa llevada adelante por el Ministerio de Seguridad y la institución policial, que determinó la gravedad de las conductas y la responsabilidad de los efectivos. La medida quedó plasmada en un decreto firmado por el gobernador Ricardo Quintela y el ministro de Seguridad Miguel Zárate. Los efectivos alcanzados por la decisión son un oficial principal de apellido Carrizo y un cabo de apellido Loyola. Según las conclusiones de la investigación administrativa, ambos retenían tarjetas de débito bancarias de numerosas personas, gestionaban sus claves de acceso a cajeros automáticos y hacían firmar pagarés sin montos o con datos incompletos para garantizar el cobro de los préstamos y los intereses que exigían. Las autoridades consideraron que esta actividad lucrativa era incompatible con el estado policial y que, en los casos investigados, estaba agravada por la modalidad utilizada y por la exigencia de intereses excesivos o de carácter usurario. Asimismo, remarcaron la especial gravedad de estas conductas por tratarse de funcionarios policiales, cuyo deber es proteger a la ciudadanía, también frente a quienes buscan aprovecharse de situaciones de necesidad.