El ministerio de Economía, Luis Caputo, violó la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275) al no responder un pedido formulado por la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP) para conocer todos los trámites administrativos que dieron paso al nuevo endeudamiento con el FMI por 20.000 millones de dólares. El viernes por la tarde, el juez federal de Dolores, Martín Bava, determinó que Caputo deberá entregar toda la información solicitada en un plazo de cinco días. “Garantizar el acceso a la totalidad del expediente administrativo - “EX-2025-24205368- -APN-DGDA#MEC- donde tramitó el dictado del DNU 179/2025 (crédito FMI), con todos sus archivos embebidos, anexos y cualquier documentación obrante en dicho expediente, así como de toda otra actuación conexa al mismo”, puede leerse en el fallo del juez Bava. El caso no es menor, teniendo en cuenta que aún sigue abierta la primera pesquisa sobre el préstamo que había tomado Mauricio Macri en donde también se investigan las inconsistencias administrativas como la falta de expedientes o dictámenes jurídicos que avalaran el empréstito de 2018. Caputo se mueve en la opacidad. Lo hacía durante el macrismo, tal como había señalado el ex fiscal Federico Delgado, cuando investigó la presunta simultaneidad del funcionario en las firmas Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión y en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, “por inversiones realizadas entre las mismas, donde también intervino Deutsche Bank”, antiguo empleador del “Messi de las finanzas”. Y sigue manejándose en la misma opacidad bajo la administración Milei al negarse a brindar información específica sobre el DNU 179/2025 publicado en el Boletín Oficial el pasado 11 de marzo. El pedido de acceso a la información pública para conocer en detalle todos los documentos internos y trámites administrativos que avalaran el nuevo préstamo con el FMI fue solicitado el mismo día en que se firmó el DNU 179/25 por Francisco Verbic, integrante de la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP). “Obtener una copia completa del expediente EX-2025-24205368--APN-DGDA#MEC, en el cual se encuentran los antecedentes administrativos del procedimiento que precedió al dictado del DNU 179/2025 (por medio del cual se tomó el crédito con el FMI por la suma de U$S 20.000.000.000), así como de todos sus archivos embebidos, anexos y cualquier documentación relacionada”, fue el pedido explícito formulado por Verbic. El pasado 10 de abril, a través del sistema por el que tramitan los expedientes públicos de manera digital, el Ministerio de Economía informó que haría uso de la prórroga de 15 días para poder contestar de manera correcta. Después de eso, comenzaron las evasivas hasta que el 27 de junio, Verbic se presentó ante la justicia federal con el patrocinio de Leonel Bazán y Diego Morales, integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para solicitar una medida de amparo ante el silencio oficial. Para evadir la respuesta, el cuerpo jurídico del Ministerio de Economía recurrió al uso de una norma sancionada en 1972 durante la dictadura de Lanusse (ley 19.549/72- Procedimientos administrativos). En su resolución del viernes por la tarde, juez Bavia fue contundente al señalar que “el Estado debe acatar la ley que garantiza el acceso a la información pública, sancionada en democracia y con amplio consenso”, por sobre la normativa que regula el proceso administrativo, dictada en un gobierno de facto. La decisión del juzgado reafirmó que el derecho al acceso a la información pública es indispensable para el control democrático de las decisiones estatales. Y que su cumplimiento es especialmente relevante cuando se trata de políticas económicas de alto impacto, como la firma de un acuerdo con el FMI. Durante el trámite judicial, quedó claro que Caputo intentó mantener bajo reserva todo lo vinculado al DNU 179/2025, según lo informado por la letrada del Ministerio de Economía, Elizabeth Cataldo (conjuntamente con la Dra. Collado). “(Las letradas) Alucen a normativas sobre la publicidad de los expedientes administrativos y dicen que en un primer momento el expediente en cuestión estuvo reservado y luego, mediante el decreto 179/2025, se procedió a la quita de la reserva del mismo. Exponen que dicho levantamiento del estado de reserva fue formalizado el 21 de abril de este año”, puede leerse en la sentencia del juez Bavio. Aun así, el Ministerio de Economía decidió no informar sobre los expedientes que habían estado bajo reserva. “El Ministerio de Economía debe decir cómo se gestó el acuerdo con el Fondo”, sostuvo el CELS a través de un comunicado. El manejo en las sombras del primer Caputo y el resto de la troupe macrista fue determinado por un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) y por algunas actuaciones obrantes en el expediente que tiene planchado la jueza María Eugenia Capuchetti. El trabajo de la AGN –con un dictamen de mayoría firmado por María Graciela De la Rosa, Javier Fernández, Juan Forlón y Gabriel Mihura Estrada – investigó no sólo los procedimientos administrativos eludidos en la toma del préstamo con el FMI durante el macrismo sino que elaboró un principio de trazabilidad de esos recursos, que terminaron en una monumental fuga de divisas. También se determinó que no hubo un dictamen jurídico –ni del BCRA ni del Mecon– previo a la formalización del acuerdo. Tanto la carta de intención como el memorándum de entendimiento de política económica y el memorándum técnico para solicitar el préstamo del FMI carecieron de la opinión legal del Estado. Es más, dentro del expediente judicial, a cargo de Capuchetti (con la investigación delegada en Franco Picardi) fue incorporado un dictamen suscrito por la coordinadora Leticia Focaia y el director Carlos Diez, de la Dirección de Asuntos Contractuales, Legislativos y Tributarios del Ministerio de Hacienda de la época de Macri, donde especificaban que ellos no tenían que opinar al respecto. Es decir, todo estuvo circunscripto a la voluntad del ex Presidente y los endeudadores seriales de su gabinete, Caputo incluido. Con todos los datos sobre la mesa y lograda cierta trazabilidad del dinero que ingresó al país y luego se fugó, el dictamen de mayoría de la AGN concluyó: “Los incumplimientos normativos, la falta de intervención de las áreas críticas, la falta de evaluaciones técnicas oportunas y efectivas, así como la calidad del asesoramiento afectaron la adecuada gestión de los riesgos operativos y financieros relacionados al proceso de diseño, negociación, autorización, firma, administración de los recursos y rendición de cuentas. De esta manera, se evidencia la discrecionalidad del auditado en la toma de decisiones, sin contar con la debida información en cuanto al costo y riesgo asumidos, impactando en la efectividad y la eficiencia en la gestión de la deuda, así como en la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública.”