La decisión se terminó de definir tras la reunión del Consejo del PJ nacional, gobernadores y referentes sindicales, luego de que el Tribunal Oral Federal 2 dispusiera que la expresidenta realice desde su domicilio el trámite judicial. La convocatoria original tenía como destino los tribunales de Comodoro Py, pero la maniobra de último momento del tribunal --bajo presión mediática y política-- no logró desactivar la protesta. Por el contrario, reforzó la decisión de ocupar las calles y trasladar la movilización al centro político del país. Desde la UTEP, La Cámpora, Camioneros, Bancarios, SMATA, las CTA, ATE y una extensa lista de organizaciones ratificaron su presencia. “La marcha no se suspende por nada”, sostuvo Juan Grabois en sus redes, y la consigna se multiplicó entre militantes y referentes sociales. Aunque en un principio se especuló con una concentración a las 10 de la mañana frente al domicilio de Cristina, finalmente se acordó unificar fuerzas en Plaza de Mayo a las 14, donde se espera un acto de respaldo y un mensaje de unidad frente a la ofensiva judicial y política. Mientras tanto, el gobierno porteño intentó bloquear la movilización con un escrito judicial, y los fiscales Luciani y Mola volvieron a pedir --otra vez sin éxito-- que la expresidenta cumpla condena en una cárcel común. La respuesta popular no se hizo esperar. La Corriente Clasista y Combativa, Libres del Sur y el Frente de Izquierda, aunque con matices, también confirmaron su adhesión. “Cuando el peronismo se siente atacado, se organiza y vuelve a la calle”, repiten los organizadores. Y esta vez no será la excepción.