El magistrado le notificó su decisión a la exmandataria vía zoom, en un intento por desarticular la marcha a Comodoro Py prevista para este miércoles. Para el cumplimiento de la prisión domiciliaria, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 le impuso a CFK las siguientes reglas de conducta: a) Deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente. Por fuera de estos supuestos, deberá requerir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción. b) Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes. c) En el plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado. El Tribunal también liberó a la expresidenta de su obligación de presentarse antes del miércoles ante Comodoro Py, al tiempo que encomendó a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal "que lleve adelante la supervisión de la ejecución de la prisión y eleve a la justicia los resultados de la supervisión cada tres (3) meses". Además, ordenó a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, la "colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico respecto de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner en el domicilio indicado". Los fiscales, en contra de la domiciliaria En la mañana de este martes, antes de la definición de Gorini, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, los mismos que intervinieron en el juicio oral por la causa Vialidad y que querían que CFK fuera condenada a 12 años en lugar de 6, se pronunciaron en contra de la prisión domiciliaria. Como se anticipaba, argumentaron que el arresto en domicilio es una excepción y que no cabe en el caso de la expresidenta, de quien dijeron que no padece ningún problema de salud que justifique concederle ese beneficio y que tampoco hay razones de seguridad que lo ameriten. Luciani y Mola ya se habían opuesto a conceder la prisión domiciliaria con el solo argumento de la edad al extitular de Vialidad, Nelson Periotti, que cumplirá 80 años el 3 de julio y cuyo estado de salud es delicado. Los fiscales sostuvieron que volverán a opinar sobre Periotti cuando vean los informes médicos, algo que se va a demorar porque los forenses tienen turnos recién a fin de mes. Pedido de domiciliaria El pedido de prisión domiciliaria que presentaron los abogados de Cristina Kirchner estuvo basado en diversos argumentos, entre los cuales la edad (tiene 72 años), es apenas uno. Por empezar, la exmandataria tiene una custodia permanente de la Policía Federal, que el Estado está obligado a proporcionar a quienes ocuparon la presidencia de la Nación. Se considera, entre otras cuestiones, que han manejado decisiones sensibles, de seguridad e incluso de soberanía, y que guardan secretos de Estado. El abogado de la expresidenta, Alberto Beraldi, recordó además que sufrió un intento de magnicidio durante la recta final del juicio Vialidad. "Lo expuesto no constituye ningún privilegio de carácter personal, y mucho menos en el caso de nuestra defendida, quien fue víctima de un intento de magnicidio cuyos autores intelectuales hasta podrían tener algún tipo de relación con las máximas autoridades políticas a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación", señaló en el escrito. Quien fue mano derecha de la ministra Patricia Bullrich, el diputado Gerardo Milman, está imputado por la presunta autoría intelectual del hecho. El punto es que CFK no puede prescindir de la custodia y dado que requiere seguridad, suponiendo que estuviera en un penal, debería estar en una situación de aislamiento, que es considerada por el derecho internacional con rango constitucional, cruel, inhumano y degradante.